Nuevas Tácticas desde un MAS dividido

La protesta de las bases fue que el único beneficio de alinearse con el Gobierno era mantener a los miembros del directorio fuera de la cárcel, mientras César Apaza y otros dirigentes continuaban tras las rejas. La sorpresa llegó el 14 de agosto, cuando el Gobierno declaró que el "punto de venta" de Alanes era en realidad un mercado ilegal y lo clausuró, reconociendo al mercado en la calle Arapata como el único legal de ADEPCOCA. El punto de venta de Alanes había seguido funcionando con un bajo nivel de actividad (una vez más, se supone, con coca procedente de las "zonas rojas", donde el cultivo de coca es oficialmente ilegal) y de áreas como Larecaja y Caranavi, "legalizadas" por la Ley 906 pero nunca aceptada en ADEPCOCA. Es decir, finalmente procedieron a cumplir su propia ley. Si lo hubieran hecho desde el primer día en que la ADEPCOCA paralela de Elena Flores abrió su primer mercado, se habrían evitado literalmente años de conflicto. La razón por la que sólo ahora decidieron aplicar la ley fue que Arnold Alanes seguía apareciendo en público con Evo Morales; su mercado fue cerrado no por ser ilegal, sino porque su organización paralela era 'evista'. Para entonces, al directorio elegido con Freddy Machicado sólo le quedaban tres meses antes de que su mandato de dos años se agotara el 22 de noviembre. Algunos Regionales comenzaron a exigir que convocaran elecciones para esa fecha (90 días es el plazo estándar para convocar a elecciones en el sindicalismo campesino boliviano, aunque el propio estatuto de ADEPCOCA no se pronuncia al respecto). Otros apoyaron la posición del directorio de que mientras Machicado estuviera preso, pero siguiera siendo el Presidente nominal, todos debían continuar como señal de apoyo a él. Se afirmó que 12 de los 17 presidentes regionales rechazaron las elecciones. 

El estatuto de ADEPCOCA data de 1985, cuando sólo tenía unos centenares de miembros y casi todos eran de la localidad de Coripata. Las primeras Regionales comenzaron a aparecer después de 1988, cuando la organización compró el Mercado de la Calle Arapata, y su función inicial fue administrar los galpones o hangares donde se vende coca. Desde entonces aparecieron una y otra Regional, generalmente escindidas de las primeras que se crearon, y para 2017 ya eran 16, mencionadas en la Ley 906. Desde entonces se ha creado una decimoséptima. Algunas tienen más que 5.000 asociados, otras alrededor de 2.000 y otras menos de 1.000, pero en las reuniones en la Departamental cada presidente tiene igual voto. Hasta ahora la Regional de Coripata ha resistido con éxito los intentos de actualizar el Estatuto. Una de muchas ausencias es que las Regionales ni siquiera son mencionadas en el estatuto ni mucho menos se intenta definir qué pueden o no pueden hacer, y cuándo la dirigencia Departamental está obligada a consultarlas -o sus Presidentes, obligados a consultar a su membresía- y cuándo uno u otro de estos niveles puede tomar decisiones sin necesidad de consultar o informar a los otros niveles. Este fue uno de los temas en los que muchos presidentes regionales actuaron sin tener en cuenta la opinión de sus afiliados, la mayoría de los cuales estaban hartos de la dirección departamental, considerando que eran unos vendidos al gobierno, que su supuesta gestión profesional sólo había hecho dudar más sobre lo que hacían con el dinero, y que el silencio de Machicado significaba que no era digno de apoyo.

La siguiente gran sorpresa se produjo el 5 de octubre cuando Machicado fue excarcelado, sin ningún anuncio previo ni aclaración de sus circunstancias legales, más allá de haber aceptado el proceso abreviado, pero sin definir cuáles de los quince cargos había admitido ser culpable. Al día siguiente Machicado se presentó en su Regional natal de Chamaca acompañado de Ernesto Mamani, Secretario Ejecutivo de la pro gubernamental COFECAY, lo que le valió una fría acogida, siendo tomado como una prueba de que se había vendido al gobierno a cambio de su liberación, aunque él dijo que se debía al buen trabajo de su equipo jurídico, sin más detalles. El 25 de octubre fue liberado Daynor Choque, el Presidente de la Regional Coripata, encarcelado como autor intelectual de la muerte del policía supuestamente acribillado en Auquisamaña en julio de 2021. No había aceptado el proceso abreviado, aunque me dijo (en una visita personal en la cárcel de San Pedro) que Machicado le animaba constantemente a hacerlo, y en el transcurso de sus dos años de reclusión el fiscal había ido retirando los cargos graves, empezando por los referidos a la muerte, hasta que sólo le quedaron los delitos menores de instigación pública a delinquir y destrucción de bienes del Estado, y fue puesto en libertad condicional. Hay que suponer, con base en esto, que la supuesta muerte fue efectivamente un invento del gobierno para encerrarlo, como tantos en Yungas presumían.

El descontento que se venía gestando respecto a la dirigencia de ADEPCOCA estalló finalmente el 3 de noviembre, cuando Freddy Machicado convocó a una conferencia de prensa para denunciar el desfalco de alrededor de medio millón de bolivianos de los fondos de ADEPCOCA, dejando apenas Bs24.000 en efectivo, por lo que iba a presentar denuncias penales. Los presuntos responsables fueron Erlin Pari (representante de Coripata), el Secretario de Hacienda, los dos administradores contratados (también ambos nacidos en comunidades de Coripata), con el resto del directorio como cómplices. Siguió una lluvia de otras acusaciones que iban desde nepotismo (se dijo que la jefa de caja, que oficialmente manejaba todos los fondos, era sobrina de Erlin Pari) hasta constantes fiestas, comilonas1 y borracheras con trabajadoras sexuales en la sede, todo pagado con dinero de ADEPCOCA. Durante la movilización de septiembre de 2022, que culminó con el saqueo del mercado de Alanes y temiendo que el conflicto desembocara en otra intervención policial en el Mercado legal, Machicado había ordenado a Pari que llevara a Coripata los Bs 170.000 en efectivo que tenía en ese momento para su custodia, y Pari nunca devolvió ese dinero. Pari dijo que presentaría documentos para descargar Bs 300.000 actualmente en paradero desconocido; otros miembros del directorio dijeron que el propio Machicado había retirado Bs 28.000 desde que salió de la cárcel alegando que era para sus gastos legales. El vicepresidente Reynaldo Laura, en representación de Inquisivi, que formalmente había estado a cargo durante la ausencia de Machicado (aunque era de conocimiento general que Pari y su claque realmente llevaban las riendas) dijo que su esposa había muerto y tenía que regresar constantemente a la provincia para ver por su casa y sus hijos, como excusa por no haber estado pendiente de lo que hacían los demás, etcétera, etcétera. Fuera cual fuera la verdad, era evidente que el directorio tenía que renunciar, y convocaron a una asamblea para el 22 de noviembre, donde las bases decidirían qué hacer.

Mientras tanto, abajo en los cocales varias Regionales tenían sus propios problemas. En Asunta, Alexander Cruz, parte de la ADEPCOCA paralela de Alanes, actuaba como Presidente en representación de las zonas rojas (donde el cultivo de coca es oficialmente ilegal) a quienes Flores o Alanes habían dado carnets de productores, y se decía que él mismo había renovado o emitido estas tarjetas hasta a 2.000 personas, cobrándoles cada vez Bs2.000 o 3.000. En Arapata, antes de la liberación de Machicado, el directorio había intentado organizar una elección de "unidad" incluyendo candidatos de las facciones "orgánica" y oficialista. Felisa Capi, presidenta de la Regional orgánica que no habían reconocido, participó y obtuvo el cargo de Secretaria de Hacienda, pero luego renunció y continuó al frente de su Regional, mientras que la facción oficialista apoyó a otro directorio a la cabeza de Alan Jallurana. Tanto la Regional Chulumani como la de Huancane rechazaron a sus presidentes por mal manejo de fondos, promover la división y extralimitarse en sus funciones al apoyar a la Federación campesina pro gobierno (pero con apoyo minoritario). En consecuencia, nombraron comités ad hoc para organizar las elecciones de nuevos directorios en sus respectivas Regionales, mientras los presidentes rechazados insistían en que seguían al mando, por lo que ambas facciones asistían a las reuniones en la Departamental. Y había un problema adicional: el Estatuto de ADEPCOCA sólo reconoce nueve puestos en el directorio, pero en el pasado -hasta la presidencia de Armin Lluta- a cada nueva Regional se le otorgaba automáticamente un puesto en el directorio, es decir, un total de 17 miembros, uno por cada Regional. Para la elección ganada por Machicado, se argumentó que la mayoría de estos miembros recibían un sueldo y no hacían nada, y se decidió volver a los nueve originales, lo que significó que ocho Regionales no presentaron candidatos en esa elección. Por lo tanto, esas ocho ahora tenían derecho a presentar candidatos, mientras que las nueve incluidas en el directorio saliente pasarían los próximos dos años sin representantes a nivel Departamental. Aun así, esto dejó un puesto vacante. Coripata aspiró a ello, con su eterno argumento de ser los fundadores, otros propusieron que se le diera la oportunidad a la 'sub Regional' Apolo, nunca representada, y otros que se dejara vacante por este periodo. Todo esto hizo que incluso las Regionales no enredadas en luchas internas no hayan preparado a sus candidatos, con excepción de Asunta, donde una masiva mayoría eligió a Freddy Quispe, quien había sido Secretario Ejecutivo de su Federación durante los conflictos de 2018 que llevaron a Franclin Gutiérrez a la cárcel. El hijo menor de Quispe había muerto durante los mismos días de los tiroteos. En realidad, murió debido a una caída accidental al río donde se ahogó, pero de alguna manera se entendió que su muerte también se debía a la represión gubernamental, y una garantía de que Quispe nunca jamás se vendería al gobierno. Dado que Asunta es una de las Regionales más grandes, con más de 6.000 afiliados (sin contar las zonas rojas) se asumió que Quispe ganaría por mayoría.

La asamblea del 22 de noviembre se realizó como de costumbre en la avenida del Mercado, pero en lugar del habitual gran escenario y sonido, el directorio había alquilado una pequeña camioneta con un par de parlantes portátiles, como para hacer ostentación pública de haberse quedado sin fondos. Entre los puntos a tratar estaba el informe de actividades del directorio saliente, pero nunca se tocó el tema. Como es costumbre, luego de llamar a lista por Regional, el Secretario de Actas comenzó a leer 'correspondencia', generalmente diversas resoluciones emitidas por Regionales. La tercera que leyó fue emitida por la Regional paralela de Asunta, de Alexander Cruz. La Departamental nunca había reconocido a esta Regional, pero al parecer tenían algún trato con ellos, ya que un cierto número de sus miembros de las zonas rojas estaban presentes. Al oír el nombre de Cruz, los miembros de la Regional orgánica Asunta comenzaron a protestar y se abalanzaron sobre los de las zonas rojas, provocando un enfrentamiento que disolvió la asamblea. Varias personas tomaron el micrófono para exigir elecciones en ese mismo momento, pidiendo a los candidatos que pasaran al frente, pero los propietarios del equipo de sonido lo desconectaron, lo guardaron y se marcharon por miedo a que la pelea se agravara y arruinara su equipo. 

Las Regionales se dispersaron hacia sus diversos galpones, argumentando que Machicado y su grupo estaban efectivamente fuera de funciones a partir de ese momento y que la única alternativa era nombrar un Comité Electoral con un representante por cada Regional. La asamblea se reconstituyó a media tarde, pero con la declaración de que las Regionales con conflictos internos no tendrían representantes. Esto fue aceptado por las bases que aún no se habían dispersado, y se dejó así. Sin embargo, los presidentes de las Regionales se dirigieron a la sala de reuniones de la sede y decidieron nombrar una Comisión Electoral entre ellos, incluyendo representantes de los 17. En primer lugar eligieron como Presidente de esta Comisión a Mateo Mamani, el rechazado Presidente de la Regional Chulumani, pero con el argumento de 'no eres bien visto en Yungas' (por decirlo suavemente), se hizo otra elección, que ganó Omar Quispe, representante de Coripata. Sin embargo, la tarea del nuevo presidente se limitaba a convocar a elecciones.

¿Quién iba a dirigir ADEPCOCA? Algunos querían que el directorio de Machicado siguiera hasta el día de las elecciones, pero estaban demasiado desacreditados. Finalmente decidieron nombrar un Comité de Vigilancia con un representante por Sud Yungas, otro por Nor Yungas y otro por Inquisivi. El comité fue formado por los respectivos presidentes de las Regionales Chamaca, Milluguaya e Inquisivi (esta provincia tiene una sola Regional). Todo esto fue una improvisación oligárquica del grupo de presidentes de Regionales, sin ningún fundamento en el Estatuto ni siquiera antecedentes de "usos y costumbres", como dice la frase. Las malas noticias y la improvisación marcaron las semanas siguientes. El Comité de Vigilancia anunció que sólo había encontrado Bs68 en la caja. Erlin Pari y los demás ex miembros del directorio presentaron bolsas de basura negras llenas de facturas viejas y recibos manuscritos (muchos de ellos escritos todos con la misma letra, aunque el nombre de la persona que los firmaba era diferente) para dar cuenta de adónde había ido a parar el dinero. Pari se presentó con una abultada bolsa deportiva diciendo que era el dinero en efectivo que había llevado a Coripata, pero al contarlo sobre la mesa sólo llegaba a Bs44.000. La gran cantidad que se veía en la maleta se debía a que eran billetes usados de pequeño valor. Otra comisión fue nombrada para auditar las cuentas de años anteriores, y declaró que en 2022 y 2023 el directorio había despilfarrado anualmente alrededor de un millón y medio de bolivianos en 'gastos', como los ya mencionados refrigerios. 

La Comisión Electoral lanzó una primera convocatoria para que las elecciones se realicen en La Paz, luego cambió el lugar al estadio deportivo de Coripata. El argumento era que en La Paz sería en una calle abierta donde era imposible restringir el ingreso, y se afirmaba que el Gobierno planeaba enviar hordas de militantes no cocaleros del MAS desde El Alto para que voten por su candidato preferido. Mientras que el estadio tiene sólo dos puertas y en la entrada sería posible verificar los carnets de afiliación de todos los que quisieran asistir. El candidato del gobierno fue identificado como Rimber Acuña, elegido por la Regional Arapata de Jallurana, aunque fueron tan pocos los miembros que acudieron a votar por él que el presidente de la Comisión Electoral, Omar Quispe -también sospechoso de simpatías gubernamentales-, dijo que Acuña era legalmente candidato, pero no legítimamente. La fecha se fijó para el 8 de enero de 2024, un lunes.

En la tarde del domingo 7 de enero, la Comisión Electoral anunció que suspendía las elecciones "hasta nueva convocatoria", a lo que siguieron declaraciones confusas sobre la posibilidad de celebrar una elección con voto secreto (es decir, no por aclamación) en Villa Fátima y, en el caso de Regionales con dos candidatos, ambos podrían ir en la papeleta. Poco después, la Comisión de Vigilancia anunció que las elecciones no se suspendían y que se celebrarían al día siguiente, tal como se había acordado, postura que fue apoyada inmediatamente por otras Regionales. Al parecer, la suspensión declarada fue una estrategia del presidente Omar Quispe y su seguidor Gonzalo Viscarra, representante de Arapata, para lograr que la mayoría de los afiliados no acudiera a Coripata, creyendo que la elección había sido suspendida, y sólo los cómplices, es decir, la minoría de simpatizantes del gobierno, acudieran a votar por Acuña. Las bases sí acudieron en masa a Coripata, aunque no hubo control de carnés como se había prometido, ni el directorio de Machicado se hizo presente para dar su informe de salida. Tampoco estuvo presente la comisión fiscalizadora, que se quedó en las oficinas de La Paz por si los amenazados con procesos penales trataban de aprovechar que todos habían ido a Coripata para allanar y robar las pruebas de sus fechorías. Omar Quispe dirigió los procedimientos, a pesar de haber sido rechazado dos veces por su propia Regional Coripata, e ignorando los gritos desde la cancha para que sea reemplazado por su vicepresidente William Luna (en representación de Irupana). 

Los disturbios empezaron con la presentación de los candidatos, primero con los de Milluguaya, que tenían dos candidatos, peleándose entre ellos hasta que uno aceptó renunciar. Cuando apareció Rimber Acuña, la gente empezó a lanzar botellas de plástico vacías y a intentar asaltar el escenario, y tres veces se lanzaron granadas de gas lacrimógeno a la multitud que iba de un lado a otro. Finalmente, llegaron a la aclamación. Lizette Torres, candidata por Coroico y la única mujer presente, recibió un apoyo masivo, seguida de Freddy Quispe de Asunta. Pero a la hora de anunciar los resultados, Omar Quispe insistió en declarar que Rimber Acuña había ganado el segundo lugar. Se desató una revuelta (durante la cual Rafa Sánchez, el ex Secretario Ejecutivo de la federación de mujeres de Asunta, subió al escenario y vistió a la fuerza a Omar Quispe con una pollera, la tradicional falda de mujer) hasta que William Luna finalmente tomó el micrófono y anunció que Lizette Torres era Presidenta y Freddy Quispe, Vicepresidente. En ese momento declaró que Rimber Acuña había ganado el tercer lugar y sería Secretario Permanente.

La siguiente etapa era la posesión (juramentación) del nuevo directorio, que se realizaría en la llamada Planta Piloto, un edificio de dos plantas medio abandonado en la localidad de Coripata, que habría sido la sede de una fábrica para "industrializar" productos a base de hoja de coca. Allí acudieron seis de los siete candidatos proclamados, menos Rimber Acuña, pero la Comisión Electoral había desaparecido. Al parecer habían sido ahuyentados o habían huido en las revueltas que continuaron tras el anuncio de Luna. Finalmente, William Luna y otros fueron localizados, menos Omar Quispe, y Luna posesionó a los seis presentes, con el ausente Acuña degradado al séptimo cargo (Secretario de Prensa y Propaganda). Ya habían circulado rumores de que un contingente policial estaba en camino desde La Paz, supuestamente para intervenir y forzar el nombramiento de Acuña como Vicepresidente. En ese momento apareció un ruidoso grupo desde la dirección de la comunidad de Anacurí, notorio bastión del MAS en Coripata, gritando "¡Posesión, posesión!", y entre ellos Acuña y Omar Quispe (que es yerno de Anacurí). Empezaron a volar palos, piedras y gases lacrimógenos. Torres y el resto de su directorio fueron puestos a salvo en diferentes direcciones por sus partidarios. Los partidarios de Acuña se retiraron a una pequeña plaza cerca de Anacurí, donde Quispe le tomó juramento como Vicepresidente, flanqueado por los rechazados Mateo Mamani, de Chulumani, y Alan Jallurana, de Arapata. Para entonces había caído la noche y la policía llegó por fin, sólo para encontrarse con que los alborotadores se habían dispersado y no había necesidad de que actuaran. 

Uno de los defectos -o ventajas, según se vea- de la votación por aclamación, es que es perfectamente posible que una persona vote levantando la mano por más de un candidato. En Chulumani, por ejemplo, en una reunión encabezada por su Comité ad hoc se acordó votar tanto por Lizette Torres como por Freddy Quispe (los aún fieles al directorio rechazado, en Coripata, se vieron con el grupo de Rimber Acuña). La razón por la que Torres recibió un apoyo tan masivo es que, en la cultura andina, las mujeres son las responsables de administrar el dinero y los recursos del hogar, mientras que los hombres son considerados incompetentes en el manejo del dinero. Dado que los errores de los anteriores directorios siempre se habían centrado en sus malos manejos financieros, la idea era que con una mujer al frente ADEPCOCA pondría por fin en orden sus finanzas. Sin embargo, ADEPCOCA tiene que abarcar mucho más que cuestiones de cómo administrar sus ingresos institucionales. La coca es una ‘papa’ caliente política incluso cuando el gobierno de turno no está dividido por sus propios conflictos internos. 

Otra de las críticas al directorio de Machicado fue que tenían reuniones y negocios privados con el gobierno a espaldas de los miembros de base, o incluso a espaldas de algunos miembros del directorio y/o de los representantes de las Regionales. Entre los cocaleros de base, y muchos de sus dirigentes también, existe una especie de paranoia generalizada, o sospecha permanente, respecto a cualquier reunión que puedan tener sus dirigentes con miembros del gobierno, excepto si esas reuniones se dan en el contexto de una asamblea masiva donde se pueda ver y escuchar todo lo que ocurre, lo que obviamente no es una posibilidad realista en la mayoría de las situaciones. 

Una idea relacionada, sobre todo con respecto a los representantes de las organizaciones paralelas progubernamentales, es que el mero hecho de participar en una reunión con ellos y estrecharles la mano, significa que uno los ha "reconocido" y aceptado. A nivel provincial, por ejemplo, esta actitud bloqueó cualquier intento de reunirse con sus dirigentes para buscar alguna forma de solucionar un conflicto cuando se organizó por primera vez la Federación paralela en Chulumani (2018): la propuesta fue rechazada insistiendo en que por el solo hecho de contactarlos e invitarlos a reunirse, los estábamos 'reconociendo' (como teniendo algún tipo de legitimidad).

En sus primeras acciones en ADEPCOCA, Lizette Torres fue aplaudida cuando entregó una citación a Erlin Pari para el Presidente de su Regional Coripata (que es también su suegro, lo que provocó risillas entre los presentes, al ver que no estaba nada contento de recibir la citación, pero que se vería obligado a forzar a Pari a responder, ya que sería difícil argumentar que no sabía dónde vivía o que no podía encontrarlo). Torres también había declarado que se reuniría con representantes del Gobierno a cualquier nivel, pero siempre haciéndolo público ante los afiliados. Una de las reuniones a las que fue invitada fue en Caranavi. Aunque se trata de una zona "legalizada" para el cultivo de coca, es reciente: hasta los años 90, Caranavi era conocida por el café, no por la coca, pero el desplome internacional de los precios del café hizo que los campesinos se pasaran al cultivo de coca. El Gobierno autorizó un número limitado de cocaleros, inicialmente 1.000, pero ahora se dice que han llegado a 3.000 y, aunque están legalizados, existen límites a la extensión de sus campos de coca; si los sobrepasan, deben ser "racionalizados" (el eufemismo actual para "erradicados"). Los productores "tradicionales" protestan contra estas nuevas zonas de producción y quieren que sean erradicadas. La reunión en cuestión era para inaugurar los procedimientos de racionalización en Caranavi, por lo que deberían haber aplaudido la presencia de Torres allí: pero fue calificada de "traición" (pecado mortal en el sindicalismo campesino boliviano) porque estaba codo a codo y estrechó la mano de Ernesto Mamani, el mencionado dirigente pro gubernamental de la COFECAY. Como ella me dijo en una conversación privada, no pudo determinar la lista de participantes en esa reunión, y saludarlo no significaba que lo 'reconociera' como legítimo representante de Yungas; pero, como ya expliqué, muchos de sus miembros no piensan de esa manera. 

Peor aún, el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, fue nombrada para recibir una condecoración como 'Mujer de Acero' por parte del gobierno boliviano, y acudió a recibirla. Se la entregó Freddy Velásquez, actualmente diputado pero antes fundador y promotor de CONALPRODC, la organización de 'carpeteros' que manipuló para apoyar al MAS y favorecer a la paralela ADEPCOCA. Velásquez no fue elegido directamente por el electorado de Yungas.1 Torres fue fotografiada abrazándolo mientras le entregaba la condecoración, y esta imagen circula como otra prueba de 'traición'.

Torres tiene otro problema, que es estructural en el sindicalismo boliviano. Estas organizaciones se basan en la representación geográfica. Por ejemplo, en ADEPCOCA cada Regional nombra un candidato, y ese candidato aspira a la presidencia. No vienen con todo un grupo de personas que van a ocupar los cargos subalternos si gana su candidato principal. Los puestos subordinados serán ocupados por candidatos de otros grupos territoriales. Cuando el ganador ha demostrado una victoria aplastante sobre el segundo, esto no suele ser un problema, pero cuando la victoria ha sido por un estrecho margen, el seguidor tiene motivos para intentar que echen al ganador. En el caso de Freddy Quispe, hasta que apareció la sorpresiva candidatura de Torres, éste era virtualmente Presidente electo, y una facción considerable -incluyendo a figuras tan importantes como el ex líder del Comité de Autodefensa César Apaza- lo está apoyando más o menos abiertamente para desplazar a la "traidora" Torres, de quien se piensa que se ha alineado con los "arcistas". 

Evidentemente, detrás de todo esto también hay una buena dosis de prejuicios machistas. Aparte de traidora, también denuncian a Torres como 'autoritaria', otro pecado mortal en el sindicalismo campesino, y como es bien sabido (recordemos a Hillary Clinton, por ejemplo) la conducta dominante en una mujer es vista como 'autoritaria', mientras que en un hombre es admirada por mostrar 'don de mando' o 'capacidad de liderazgo' - Freddy Machicado fue criticado precisamente por no poder tomar decisiones y depender de otros para que las tomen por él, y siendo hombre era considerado un defecto grave-.

1 En la cámara baja del parlamento boliviano, hay dos clases de diputados. Los primeros, llamado uninominales, son elegidos directamente en circunscripciones geográficas. Los segundos, llamados plurinominales, entran en una lista junto con el binomio presidencial de su partido, y entran por representación proporcional. La representante uninominal de los Yungas, Gladys Quispe, es del MAS pero de la facción ‘evista’. Freddy Velasquez, a poco tiempo de fundar CONALPRODC, se declaró ‘jefe no oficial’ de la campaña electoral de Evo Morales. Esto bastó para colocarle en la lista del partido y en 2020 entró como diputado plurinominal, en base a la votación global y no por los votos de Yungas. Cuando surgió la división del MAS, pasó a la facción ‘arcista’. 

Como se vio en los Yungas, el gobierno sabía que de ninguna manera Rimber Acuña iba a ganar la presidencia de ADEPCOCA. La idea era meterlo como Vicepresidente de cualquier manera y luego buscar la forma de deshacerse de Lizette (o de Freddy, si fuera el caso) con alguna acusación falsa –totalmente creíble, dada la sumisión de la "justicia" boliviana a quien sea que esté en el gobierno – y asumir la presidencia para "entregar ADEPCOCA al gobierno" y luego, como muchos imaginan, instalar un sistema como en Perú, donde el gobierno fije el precio de la coca. Este último es totalmente imaginario; al gobierno -cualquier gobierno- de Bolivia le conviene más que ADEPCOCA siga siendo formalmente independiente. Lo que el gobierno quiere es tener un directorio que obedezca sus órdenes, es decir, que pueda manejar a control remoto.

¿Por qué exactamente querrían esto? Es otra pregunta que no se limita a ADEPCOCA. Con respecto al campo de estudio de los movimientos sociales en Bolivia en las últimas décadas, ADEPCOCA es un caso particular: ni acaba de entregarse al gobierno (caso de la Central Obrera Boliviana, la central sindical principal), ni sus paralelos pro gobierno han podido continuar. Y cuando lo han hecho -caso de Arapata- se debe a factores estructurales locales, que según el caso pueden haber sido establecidos por decisiones gubernamentales (las "zonas rojas" en Asunta). Tampoco sus congresos donde debería haber renovado su directorio han degenerado en batallas abiertas de las que no sale un directorio más o menos legítimo -como en el caso del reciente congreso de CONAMAQ en Oruro. Es casi como si se hubiera convertido en un punto de honor de ambas partes, que el gobierno sí o sí tiene que poner a ADEPCOCA abiertamente de su lado, y ADEPCOCA tiene que ponerse en contra del gobierno, porque lo contrario sería traicionar todos estos años de lucha y sacrificio. Rimber Acuña ha presentado una acción legal exigiendo que se le reconozca como Vicepresidente de ADEPCOCA, contra Torres, Freddy Quispe y varios miembros de la Comisión Electoral (por supuesto, no contra quienes trataron de imponerlo en segundo lugar). Torres respondió con el registro de los domicilios de los miembros de la Comisión Electoral en sus dispersas comunidades rurales, lo que costó tiempo y dinero para entregar la citación a cada uno: tanto tiempo que no se pudo encontrarlos a todos para la primera audiencia, y ésta ha sido postergada para el 25 de marzo. Los argumentos de Acuña son endebles: afirma que hay filmaciones de la elección que prueban que él fue el segundo más votado, pero cualquier filmación que cubriera todo el estadio y no sólo su claque a un lado del escenario mostraría lo contrario; y que la posesión debió ser en la Planta Piloto el día 9 de enero, no el mismo día de las elecciones, pero esa fue la versión de la primera convocatoria a elecciones programada para la ciudad de La Paz, mientras que la segunda programada para Coripata estipulaba que los candidatos electos jurarían allí esa tarde. Sin embargo, la fuerza o debilidad de los argumentos de uno u otro lado es lo que menos importa en la "justicia" boliviana.

Al igual que Daynor Choque (y Juan Elías Cocarico, el único miembro del directorio de Machicado que sigue en prisión) César Apaza declaró que no iba a aceptar el proceso abreviado, sino que insistiría en un juicio completo, en el que sus abogados publicarían las pruebas que habían obtenido sobre -entre otras cosas- la infiltración policial1 en el mercado de Alanes, para demostrar quiénes fueron los verdaderos responsables de incendiarlo. Sin embargo, tras ser trasladado de nuevo a San Pedro desde Chonchcoro, su salud se deterioró. Durante un tiempo, una diputada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana pagó su fisioterapia, pero finalmente se sinceró y le propuso a Apaza que, a cambio, él se presentara como candidato por su alianza en 2025. Él contestó que no iba a ser utilizado como bandera por ellos, a lo que ella cortó la terapia, mientras que sus audiencias eran constantemente aplazadas con pretextos manipulados. Su hemiplejia se complicó con la diabetes, lo que provocó otra sorpresa cuando el 18 de enero salió de San Pedro en arresto domiciliario a cambio de haber aceptado el proceso abreviado - "si no, me habría ido de aquí en un ataúd", dijo-. Entre las condiciones de su arresto domiciliario está la de residir en Villazón, en el extremo sur del país y a más de mil kilómetros de donde vive en Yungas; ésta era la dirección que figuraba en su documento de identidad (presumiblemente porque tenía una licencia de carpeta para vender coca allí), pero también le impide intervenir directamente en la política de Yungas. Queda por ver qué ocurrirá con Cocarico y el otro preso, Raúl Uria, de la organización juvenil Juventud Yungueña. La noticia más reciente es que la audiencia de Acuña ha sido postergada de nuevo, ahora para el 8 de mayo. Se filtró la grabación de una llamada telefónica entre Marcelino Llanque (Secretario de Organización de ADEPCOCA) y Freddy Velásquez, donde el segundo indicó que pudo hacer suspender la audiencia siempre que ADEPCOCA dejara de tener Evelin Cossio como asesora jurídica. La abogada Cossio era parte del equipo jurídico de César Apaza, y la que más tenazmente insistía que tenía que ir a juicio completo. Expresó decepción personal cuando aceptó el proceso abreviado con otro abogado. Ya no representa a ADEPCOCA. No es claro porqué el gobierno tenga tanta inquina con ella en particular; puede ser que esto fue un pedido de un acto simbólico de obediencia a cambio de recibir beneficios (bloquear la demanda legal de Acuña). En todo caso, mucha gente ya está convencido que la Presidenta y otros miembros (menos Freddy Quispe y el Secretario de Hacienda) del directorio ya han pasado al lado oficialista. Si es cierto, entonces ya no van a necesitar a Acuña, pues se habría logrado la meta a que él apuntaba.